Desde hace años, cada tercera semana de febrero se conmemora (que no celebra) la Semana Europea de la Pobreza Energética. Los días escogidos lo son porque en esas fechas, allá por 1956, el Viejo Continente fue asolado por una cadena de olas de frío extraordinarias. Que se siga conmemorando lleva a una alarmante constatación: esta región no ha conseguido garantizar este derecho básico para todos sus ciudadanos, mientras los efectos del calentamiento global han intensificado los fenómenos climatológicos cada vez más extremos, incluido el calor insoportable.
La probreza energética en la UE
Hace sólo cuatro años, la UE estimaba que hasta 125 millones de sus 450 millones de habitantes no podían calentar adecuadamente sus hogares, y que 100.000 muertes prematuras estaban relacionadas con pasar frío en casa. En España, se estima que nueve de cada 100 personas tienen grandes dificultades, o directamente no pueden, mantener la temperatura de sus viviendas entre 18 y 22 grados centígrados, que es la horquilla que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Porque sí, la pobreza energética no afecta solo al dinero que tienen en su cuenta bancaria y, por tanto, a su desenvolvimiento vital, sino que también perjudica la salud; incluida la mental.
Por cierto, la OMS también ha establecido una temperatura recomendada para el verano, de 25 grados, y es un hecho que una de las consecuencias de las anomalías térmicas provocadas por el cambio climático ha tomado la forma de olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas. Se estima que un 20% de la población europea no dispone de la infraestructura necesaria para acondicionar sus casas cuando el sol aprieta.
A este panorama desolador se le suma un contexto económico negativo que arrancó con la crisis de 2008, le siguió la de deuda de 2012 y luego la pandemia de COVID y los efectos de la invasión de Ucrania. La espiral inflacionista actual ha hecho que los precios de todo, no sólo los de la luz y el gas, se hayan puesto por las nubes. En los casos más extremos, la persona con pobreza energética tiene que optar entre comer adecuadamente y/o comprar medicinas o calentar/enfriar su casa. Casas, por cerrar este círculo vicioso, que son más ineficientes y emiten más gases de efecto invernadero.
El problema de la pobreza energética en España: situación actual y medidas para solucionarlo
El Ministerio para la Transición Ecológica estableció en su momento la Estrategia Nacional 2019-2024. Para el diagnóstico, utilizó los cuatro indicadores que emplea la UE:
- el gasto desproporcionado,
- la pobreza energética escondida,
- la temperatura inadecuada de la vivienda en invierno
- y el retraso en el pago de las facturas
Según la última actualización disponible, con datos de 2021, el Gobierno concluyó que entre 4,4 y 7,7 millones de personas, en función del indicador utilizado, se encuentran en situación de pobreza energética en nuestro país. A la espera de que se actualicen los datos, cabe comparar esas cifras con las que se presentaron al poner en marcha la Estrategia: entonces, la horquilla de afectados iba desde los 3,5 a los 8,1 millones de ciudadanos.
El problema, pues, parece enquistado, como corrobora la cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas, que ha analizado los citados indicadores y otros para concluir que, esta vez en 2022, todos ellos empeoraron o como mucho se estabilizaron. Sólo se salva el MIS, forma alternativa de medir el gasto desproporcionado y para cuyo cálculo se emplea el Salario Mínimo Interprofesional, que al subir ha aliviado la carga a las familias con menor renta. En la misma línea se pronunciaba recientemente la revista Actualidad Económica, cuando afirmaba que se ha triplicado la población de clase media que no puede mantener sus hogares a la temperatura adecuada.
El Gobierno reaccionó a las dos últimas crisis mediante una combinación de bajadas impositivas (para todos igual, independientemente de su situación socio-económica) y el reforzamiento y ampliación del escudo social para los más vulnerables compuesto, entre otras medidas, por los bonos sociales eléctrico y térmico. La pretensión con las primeras es prorrogarlas durante un tiempo aunque ya tienen fecha de caducidad, y en cuanto a las segundas, desalienta la experiencia de la Cruz Roja, que sostiene que el 70% de las familias que acuden a ella son acreedores de estas ayudas focalizadas pero no las perciben, en la mayoría de los casos porque desconocen ese derecho.
Además de lo anterior, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha publicado una serie de recomendaciones para que las ayudas a los más vulnerables sean más eficaces, entre las que se encuentran la creación de un bono social energético que incluya el agua; la inclusión de los hogares con un miembro en situación de dependencia, o con todos sus miembros en edad de trabajar en paro, o a los inquilinos, y la reducción de la carga burocrática.
Las comunidades energéticas locales, fórmula contra la pobreza energética
Existe otra forma de aliviar la pobreza energética: las comunidades energéticas locales (CEL), instalaciones de autoconsumo fotovoltaico colectivo sin ánimo de lucro, sino para proporcionar beneficios medioambientales, económicos y sociales a sus miembros y a la sociedad, para las que Ecooo lleva años prestando gratuitamente servicios de apoyo y asesoramiento. Es el caso, por ejemplo, de la CEL promovida por el Ayuntamiento madrileño de Getafe en uno de los barrios de renta más baja de la localidad, que beneficiará a 26 familias con un ahorro de entre 180 y 860 euros anuales.
De hecho, Ecooo recibió recientemente el reconocimiento del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) para actuar oficialmente como Oficina de Transición Comunitaria (OTC), figura llamada a promocionar las comunidades energéticas de iniciativa municipal o vecinal para producir, consumir y compartir colectivamente su propia electricidad renovable, así como asesorar y acompañar a los promotores en el proceso de puesta en marcha. Fue el 6º proyecto mejor valorado a nivel nacional, aunque su ámbito de actuación inicial será la Comunidad de Madrid.
