Ecooo Energía Ciudadana, junto al Observatorio de la Sostenibilidad, hemos puesto en marcha una investigación sin precedentes sobre la macrocelulosa que la empresa Altri pretende levantar en Palas de Rei, en pleno corazón de una de las zonas mejor conservadas de Galicia. Lo que se plantea no es un simple proyecto industrial: es un cambio profundo en el modelo territorial, económico y ambiental de toda la comarca.
Una megaplanta con impacto global
El llamado proyecto GAMA contempla la construcción de una macroplanta destinada a la producción integrada de pasta soluble y lyocell, una fibra textil en auge. Las cifras marean: entre 250.000 y 400.000 toneladas anuales de celulosa y entre 60.000 y 200.000 toneladas de lyocell, según la fase de desarrollo. Para hacernos una idea, esto equivaldría a cerca del 10% de la producción mundial de lyocell en 2022, situando a esta instalación entre las mayores de Europa.
La inversión prevista supera los 1.000 millones de euros, y el proyecto aspira a obtener hasta un 25% de financiación pública —unos 250 millones—, un elemento clave para acceder a préstamos bancarios y asegurar su rentabilidad. La paradoja es que esta gigantesca operación aterrizaría en una comarca donde el sector primario sigue siendo esencial. La llegada de una industria de este tamaño alteraría por completo un modelo económico basado en actividades de bajo impacto que, poco a poco, empezaba a consolidarse. Mientras tanto, buena parte de los beneficios y empleos generados ni siquiera quedarían en Galicia.
La presión sobre el territorio: eucalipto, agua y paisaje
Uno de los puntos más preocupantes es el incremento previsto en el consumo de eucalipto. La planta podría requerir hasta un 50% más de madera de la que actualmente utilizan las fábricas existentes. Esto, en un territorio ya tensionado por los monocultivos, abre la puerta a una expansión aún mayor del eucalipto a costa de superficie agrícola y ganadera. Aunque el Plan Forestal de Galicia prohíbe ampliar su área de eucalipto, el abastecimiento de la planta necesitaría entre 80.000 y 190.000 hectáreas adicionales, o bien recurrir a importaciones. Difícilmente encaja esto con el discurso de conexión con el sector forestal gallego.
El balance hídrico tampoco es menor. El proyecto prevé un consumo de 46.000 m³ de agua al día, equivalente al abastecimiento de una ciudad de 350.000 habitantes. A esto se suma el vertido de aguas industriales al río Ulla, con el consiguiente riesgo para la ría de Arousa y para sectores ya muy sensibles: pesca, marisqueo y el debilitado sector mejillonero.
El efecto sobre el turismo rural y sobre el propio Camino de Santiago —pilares económicos alternativos en la zona— también es significativo. El impacto visual y el aumento del tráfico pesado pueden mermar el atractivo del territorio. No es casual que ICOMOS, organismo asesor de la UNESCO, haya advertido del riesgo para el estatus de Patrimonio Mundial del Camino Francés.
Un proceso acelerado y poco transparente
Todo este proyecto avanza gracias a la declaración de la Xunta de Galicia como “Proyecto Industrial Estratégico”, lo que agiliza los trámites y reduce controles y participación pública. La sociedad público-privada Impulsa Galicia, impulsada en gran parte por la propia Xunta y grandes empresas gallegas, ha tenido un papel decisivo en este impulso… y también en la opacidad.
La tramitación se ha caracterizado por una velocidad inusual, la rápida emisión de la Declaración de Impacto Ambiental y la aceptación de informes externos encargados —y pagados— por la propia empresa, frente a análisis críticos elaborados por instituciones públicas y equipos científicos independientes.
La experiencia previa de Altri en Portugal y su estrategia de expansión de monocultivos de eucalipto tampoco ayudan a despejar dudas. La oposición social y las múltiples vías judiciales abiertas podrían retrasar o incluso frenar su materialización. A día de hoy, el proyecto sigue pendiente de la Autorización Ambiental Integrada y de la resolución de numerosos recursos y alegaciones.
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