La energía constituye un elemento estructural en la organización de las sociedades contemporáneas y un requisito indispensable para el ejercicio de derechos fundamentales. El acceso a servicios energéticos básicos —como la climatización del hogar, la movilidad o la conectividad— debe entenderse, por tanto, como parte integrante del derecho a una vida digna.
No obstante, el modelo energético vigente —en sus dimensiones de generación, distribución y comercialización— se caracteriza por su inserción en dinámicas de mercado orientadas a la maximización del beneficio económico, lo que subordina su función social a lógicas de rentabilidad. Este enfoque presenta múltiples implicaciones:
- Vulneración de derechos básicos, visible en la pobreza energética y en las dificultades de acceso a servicios esenciales.
- Impactos ambientales significativos, derivados de un sistema aun mayoritariamente fósil, que contribuye a la contaminación ambiental, al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad.
- Conflictos geopolíticos y desigualdades territoriales, asociados a la concentración de recursos energéticos (fósiles) en determinadas regiones, lo que alimenta tensiones internacionales y procesos de desposesión vinculados a la denominada “maldición de los recursos”.
- Inseguridad en el suministro, especialmente en regiones altamente dependientes de importaciones energéticas, como Europa, donde la dependencia del gas para calentarse en invierno, expone a las sociedades a riesgos derivados de la inestabilidad geopolítica.
- Inestabilidad económica estructural, dado que la energía —base del sistema productivo— se configura como un activo sujeto a dinámicas especulativas en los mercados internacionales, con efectos inflacionarios generalizados sobre el coste de la vida. Si sube los precios de la energía, sube el precio de todo.
Ante este escenario, la transición energética resulta imprescindible. Sin embargo, no basta con sustituir combustibles fósiles por fuentes renovables: el desafío es de carácter estructural. No se trata únicamente de un cambio tecnológico, sino de una transformación profunda del modelo energético.
En este sentido, es necesario avanzar hacia un sistema que:
- Reconozca la energía como un bien común esencial.
- Garantice el acceso universal y equitativo a los servicios energéticos.
- Sea ambientalmente sostenible y respetuoso con los territorios.
- Promueva formas de gobernanza democrática y participación ciudadana.
- Reduzca la dependencia de recursos concentrados y contribuya a mitigar conflictos geopolíticos.
Las energías renovables desempeñan un papel clave en esta transición. Necesitamos que se desarrollen bajo un enfoque que priorice el bienestar colectivo. De lo contrario, existe el riesgo de reproducir las mismas lógicas de concentración, desigualdad y explotación territorial propias del modelo actual.
En definitiva, se trata de reorientar el sistema energético hacia su función primordial: sostener la vida, situando en el centro a las personas, los territorios y los límites ecológicos del planeta.