La invasión de Ucrania ha puesto en evidencia la dependencia que tenemos, como continente, del gas ruso. Cuando parecía que atajar la crisis climática era prioridad absoluta para la Unión Europea, el giro geopolítico ha hecho que todos los Estados busquen nuevos proveedores gasísticos, en detrimento de soluciones alternativas de gran calado climático. Hoy, Día de la Tierra 2022, reclamamos más firmeza en la consecución de los objetivos climáticos.
Día de la Tierra 2022: de las renovables al gas
Los compromisos climáticos parecían marcar la agenda europea cuando terminamos el año 2021. Parecía que el Día de la Tierra 2022 íbamos a poder celebrar. Había una clara apuesta por las renovables, los fondos Next Generation marcaban la pauta para una transición verde y justa, y España pisaba el acelerador de las renovables. Tampoco era difícil. En nuestro país hemos pasado de una de las legislaciones más restrictivas respecto de la solar fototovolaica, con el impuesto al sol del ministro Soria, a una legislación en línea con el resto de los países europeos.
A pesar de los esfuerzos, nuestro sistema energético sigue siendo sobre todo fósil, ya que tan solo contamos con un 16,6% de la energía primaria renovable según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Sin embargo, la invasión de Ucrania ha vuelto a poner el gas en el tablero, al menos mediático – del político nunca desapareció – y por tanto de la opinión pública. La invasión de Ucrania no es la causante, al menos en exclusividad, de la subida de precios que estamos viviendo, ya que dicha subida se venía produciendo desde el último semestre de 2021.
Además, según nuestro compañero Mario Sánchez-Herrero, en un reciente artículo publicado en Alternativas Económicas, Es la electricidad, estúpidos, “un modelo energético basado en los combustibles fósiles es, como se ha demostrado, un enorme polvorín, en el que a las democracias les toca contemporizar con los peores sátrapas. Países como Arabia Saudí, Venezuela, Rusia o Irán gozan de un protagonismo excesivo en la geopolítica mundial porque concentran un porcentaje relevante de las reservas mundiales de petróleo o gas, que aprovechan para chantajear sistemáticamente a la comunidad internacional, al tiempo que sojuzgan a sus pueblos”.
Dependencia de sátrapas
Cuando ya en 2014 Rusia invadió la península de Crimea, Europa buscó alternativas para el gas ruso, pero “en lugar de aumentar la energía eólica, undimotriz y solar, o incluso la eficiencia energética —medidas que combatirían el cambio climático, la pobreza energética y la dependencia del gas—, la UE duplicó la dependencia del gas de otras fuentes igualmente dudosas” según Pascoe Sabido de Corporate Europe Observatory. Ahora, España al gas natural licuado de Estados Unidos, procedente del fracking, y en el resto de Europa a Argelia, Angola o Azerbayán.
A pesar de las duras sanciones económicas que Europa está imponiendo a Rusia, la cantidad de dinero invertido en energías fósiles no para de incrementar. Aquí podemos ver la cantidad de dinero invertido por parte de Europa desde la invasión rusa a Ukrania el 24 de febrero de 2022.
Lo que ha evidenciado claramente – si es que alguien no lo tenía claro – la invasión Rusa ha sido la clara relación entre la energía, la (in)seguridad y la geopolítica. Es necesario centrar los esfuerzos en reducir la dependencia de las energías fósiles, y de una vez por todas, proteger la vida, tanto del planeta como de las personas.
Según el informe sobre La UE puede parar la importación de gas ruso para el año 2025, el impulso de las renovables y el incremento de medidas de eficiencia energética pueden sustituir dos tercios de las importaciones rusas de gas para el año 2025. Según dicho informe las importaciones de gas ruso pueden reducirse en un 66% mediante la aplicación del paquete «Fit for 55» de la UE y acelerando el despliegue de la electricidad renovable, la eficiencia energética y la electrificación. Esto equivale a una reducción total de 101.000 millones de metros cúbicos (bcm) de gas. Además, remarca que no es necesario habilitar nuevas infraestructuras para importar gas, como las terminales de GNL. Como alternativa, basta con importar 51 bcm de gas a través de los activos existentes mientras se impulsan las renovables.
Y los sátrapas que se meten en las instituciones
Uno de los problemas que tenemos para llevar a cabo una transición energética adecuada es el inmenso lobby de las industrias fósiles, que a lo largo de los años se han incrustado en las instituciones europeas.
El conglomerado de organizaciones que impulsan Fossil Free Politics – Políticas sin Fósiles – denunciaba en 2019 la gran cantidad de dinero invertido por parte de la industria fósil para influir en las instituciones de la Unión Europea, tan solo Shell ExxonMobil, Chevron, Total y Bp cuentan con 200 lobistas según el registro de transparencia de la Unión Europea, los cuales, además, sostuvieron 327 reuniones de alto nivel con altos mandatarios de dicha institución, más de una reunión al día. Para otros grupos de interés, como los ecologistas, dicho nivel de interlocución es impensable.
Una transición energética justa
El concepto de transición energética justa se ha colado con fuerza en la agenta política, fundamentalmente haciendo referencia al impacto que el cierre de determinadas industrias y centrales de generación eléctrica tiene en el empleo de comarcas enteras; pero también al sobrecoste que los impuestos medioambientales trasladan a clases sociales precarias – ya vimos el caso de los chalecos amarillos en Francia -. La lucha de organizaciones ecologistas y movimientos sociales como Extintion Rebelion o Fridays for future han puesto igualmente sobre la mesa el concepto de justicia climática, especialmente cuando se constata que los mayores impactos derivados del calentamiento global se dan en zonas del planeta en las que se concentran los países empobrecidos que, por serlo, no tienen apenas responsabilidad en el cambio climático.
Capítulo aparte merece la creciente movilización social en contra de los macroparques que está teniendo lugar en la llamada España vaciada. De acuerdo con los argumentos de la plataforma de referencia, Aliente, no es justo que las zonas rurales se echen a perder medioambiental, económica y paisajísticamente para mayor gloria del consumo incuestionado de las ciudades.
Como vemos, una transición energética justa tiene que atender simultáneamente a dos manifestaciones de la injusticia que tiran, en buena medida, en dirección contraria. La justicia climática reclama una descarbonización acelerada. En el lado opuesto, la justicia social exige que dicha transición no sea a costa de imponer cambios en la forma de vida y en las condiciones económicas de colectivos y regiones concretas, caracterizados todo por una relativa mayor precariedad.
Intentar conciliar ambas reclamaciones es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Por ello es importante explotar hasta el límite de lo posible el conjunto de medidas en las que ambos objetivos van directamente de la mano.