El comienzo del siglo XXI en España no fue fácil. Algunos sectores se dejaron engañar por el “España va bien” de Aznar, pero la realidad era otra, una economía dopada por la especulación, una democracia debilitada por la corrupción y un sistema energético capturado por intereses privados. De aquel Ejecutivo, tres ministros han acabado imputados y otros dos absueltos por falta de pruebas. Hoy queremos centrarnos en uno de los más influyentes, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda entre 2000 y 2004, y de nuevo entre 2011 y 2018.
Mientras la tasa de paro alcanzaba cifras históricas y miles de familias sobrevivían gracias al trabajo no regulado, Montoro se convirtió en el rostro de los recortes más duros. Fue también quien diseñó la amnistía fiscal de 2012, que permitió regularizar fortunas ocultas a cambio de un gravamen irrisorio. En un país asfixiado por la austeridad, el mensaje era claro; si eres rico, no solo no se te castiga, sino que se te premia.
Energía a medida: las empresas que pagaban por influir
Pero lo que parecía una historia de desigualdad fiscal es, en realidad, parte de algo más grande. En julio de 2025, Montoro ha sido imputado por presuntamente usar su cargo público para aprobar leyes a medida de los intereses de empresas energéticas. La investigación judicial apunta a que su despacho, Equipo Económico, fundado antes de regresar al Gobierno, recibió más de 11 millones de euros de compañías del sector gasista, eléctrico y de renovables entre 2008 y 2015.
No se trata de sospechas vagas. La investigación detalla pagos concretos de grandes firmas como Abengoa, Solaria, Red Eléctrica o Ferrovial, con el objetivo de influir en decisiones legislativas. En la práctica, hablamos de un Ministerio de Hacienda al servicio de lobbies energéticos, donde las decisiones sobre política fiscal y regulación del sector podían estar guiadas por pagos privados más que por el interés común.
Y no fueron casos aislados. Según las fuentes, Red Eléctrica abonó 842.800 euros; GDF Suez Energía, 285.367; Ence Energía y Celulosa, 116.160; Gamesa Corporación, 285.600, e Hydro Energía Ondina, 134.050. También lo hicieron quienes dicen representar al conjunto del sector como, por ejemplo, el presidente de la Asociación Española de Industria Eléctrica (UNESA), Eduardo Montes Pérez, con 87.120 euros. Incluso compañías ajenas al ámbito energético buscaron su espacio como Cementos Portland pagó 129.800 euros, Tolsa, 42.350, y la Sociedad Anónima Minera Catalano Aragonesa, 36.300.
Es una imagen escalofriante, es decir, que mientras se recortaban derechos sociales con la excusa del “déficit”, se facilitaban rebajas fiscales a quienes más tenían, y se legislaba para consolidar un modelo energético concentrado en pocas manos.
Puertas giratorias, impuestos al sol y el freno al cambio de modelo
La captura del Ministerio de Hacienda por parte de estos intereses no fue solo económica, sino también política. Recordemos que durante esa etapa se impulsaron medidas como el “impuesto al sol”, una norma que penalizaba el autoconsumo eléctrico, obligando a quienes instalaban paneles solares a pagar por la energía que generaban y consumían.
Esa medida, impulsada desde Industria, pero respaldada y blindada por Hacienda, no fue un error técnico. Fue una decisión política para proteger al oligopolio eléctrico frente al avance de las renovables ciudadanas. Se impusieron trabas burocráticas, se prohibió compartir energía entre vecinos, se desincentivó la democratización del modelo energético. Ahora, con Montoro imputado por corrupción, tráfico de influencias y cohecho, entendemos mejor el porqué. El modelo no fallaba, funcionaba perfectamente para quienes lo diseñaron.
Por una energía ciudadana, libre de corrupción y al servicio de la vida
Desde Ecooo sabemos que lo que está en juego no es solo la limpieza del pasado, sino el rumbo del futuro. La captura del Estado por los intereses del oligopolio energético es una amenaza directa a la democracia y a la transición ecológica justa. La energía no puede estar al servicio de los consejos de administración ni de los despachos donde se intercambian favores a espaldas de la ciudadanía. Debe estar en nuestras manos, gestionada por quienes la producen y la consumen, pensada para garantizar derechos, no beneficios privados.
Por eso defendemos un modelo cooperativo, solar y en manos de la gente. Donde no haya puertas giratorias ni leyes a la carta, sino comunidades energéticas, autoconsumo colectivo y autonomía de las gentes. Porque el oligopolio, al igual que ciertos sectores políticos, solo busca perpetuar su poder y su riqueza. Y eso se tiene que acabar. Solo si ponemos la energía en manos de la gente podemos construir una democracia real. Una transición energética justa y un futuro más libre de corrupción.
